Dos nuevos detenidos en la causa La Salada y una investigación que sigue de cerca Estados Unidos

Noticias Argentinas difundió que dos nuevos detenidos se sumaron en las últimas horas a la megacausa que investiga el funcionamiento de La Salada. Se trata de Walter Aníbal Godoy, ex secretario general del sindicato de feriantes SUTFRA, y de Jonatan Rojas, señalado como su cómplice, según confirmaron fuentes judiciales.

Las detenciones se produjeron en el marco de un incidente por estafa a feriantes por más de 40 millones de pesos, una investigación que llevan adelante el fiscal Sergio Mola y el juez Luis Armella.

Godoy y Rojas, ambos con antecedentes penales, están acusados de exigir dinero a los feriantes a cambio de supuestas gestiones e influencias ante el juzgado y la fiscalía para destrabar la medida que les impedía acceder a los puestos, vender mercadería y sostener su fuente de ingresos. De acuerdo con la causa, se presentaban como intermediarios con aval judicial, asegurando contar con el respaldo del juez Armella y del fiscal Incardona.

Según consta en el expediente, Godoy cumplió una condena por homicidio entre 2002 y 2017, mientras que Rojas fue condenado a trece años de prisión en suspenso por secuestros extorsivos. En este último caso, la Cámara de Casación rechazó la apelación y resta una definición de la Corte Suprema.

En paralelo, los feriantes buscan que se resuelva la cuestión de fondo: el reconocimiento de su derecho a trabajar. Reclaman que se les reconozcan los aportes realizados durante décadas en concepto de alquileres, montos que en muchos casos duplican o triplican el valor comercial de un puesto, y exigen ser considerados en igualdad de condiciones con los cooperativistas formales. A ocho meses del inicio del conflicto, aseguran que aún no lograron ser recibidos por la interventora Leticia Torres.

Los denunciantes comercializaban sus prendas en puestos ubicados en el playón de la cooperativa Ocean, conocidos popularmente como los canastos por su formato.

Al no existir registros formales de esos espacios ni constancia de los alquileres, los administradores de Ocean decidieron cerrarlos en el breve lapso entre la clausura de mayo del año pasado y la intervención judicial de junio, con el objetivo de evitar conflictos con la interventora.

De acuerdo con los testimonios incorporados a la causa, Godoy les solicitó inicialmente a los feriantes que reunieran 25 mil dólares a cambio de un permiso definitivo para continuar vendiendo en el playón, autorización que —según prometía— se emitiría de manera inmediata con la firma de ambos funcionarios judiciales.

Los feriantes declararon haber reunido y entregado el dinero en el domicilio de Rojas y posteriormente, a requerimiento de la fiscalía, identificaron una vivienda ubicada en la calle Mazzei de Longchamps como el lugar del encuentro, un dato que agravó la situación procesal de los detenidos.

Tras varias semanas sin respuestas, Godoy habría vuelto a exigir más dinero a los feriantes, en su mayoría inmigrantes bolivianos. Ante esa situación, los vendedores decidieron contratar a un abogado penalista, quien presentó una denuncia por estafa que recayó en la Fiscalía 1 de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Mola.

Siempre según las fuentes judiciales, una vez iniciada la causa, Godoy y Rojas habrían amenazado a los denunciantes con armas de fuego para que desistieran de la acción penal. Esas amenazas también forman parte de la investigación en curso.

La causa La Salada es considerada estratégica no solo por su magnitud y por el entramado de delitos económicos que investiga, sino también por el interés que despierta en organismos internacionales, entre ellos de los Estados Unidos, atentos a los avances en la lucha contra el comercio ilegal, la falsificación y las redes de financiamiento informal.